Se conoce la situación del mercado de la vivienda en España. Existen tipos de interés crecientes que se implementan para combatir la inflación, lo cual dificulta que las familias puedan acceder a hipotecas y adquirir una vivienda en propiedad.
Por otro lado, nos encontramos con un entorno desfavorable que no promueve que los propietarios pongan sus propiedades en el mercado de alquiler. Existen legislaciones que complican el desahucio de inquilinos morosos, lo cual carga a los arrendadores con los retrasos. También existen dificultades para exigir garantías de pago a los inquilinos por más de 2 meses, a pesar de que el proceso promedio de desahucio toma alrededor de 10 meses. Además, existen obligaciones de renovación de contratos, entre otras complicaciones.
Dentro de este contexto de disposiciones legislativas que buscan intervenir en el mercado para favorecer el acceso de las familias con dificultades económicas, destaca la limitación de precios. Esta limitación se manifiesta en topes a las renovaciones anuales y a los precios de nuevas propiedades en zonas de alta demanda.
Según un reciente informe publicado por ESADE, el cual analiza los efectos de la legislación en Cataluña sobre vivienda y destaca la limitación de precios en contratos de alquiler, se han obtenido las siguientes conclusiones principales:
- Aumento de los precios de alquiler de viviendas económicas y disminución de los precios de las viviendas más caras.
- Reducción del mercado de alquiler con una disminución de aproximadamente el 10% en la oferta.
- Desincentivo para los propietarios y promotores a construir nuevas viviendas con fines de alquiler.
Estas condiciones explican la reducción en el mercado de alquiler que se observa, por ejemplo, en los informes de Fotocasa. Esto se traduce en una disminución en la disponibilidad de viviendas para alquiler y un aumento en el precio del alquiler por metro cuadrado, alcanzando niveles históricos en varias capitales de provincia.
Es lógico que el aumento en los precios de alquiler, combinado con el incremento en los precios de los productos básicos, resulte en un mayor riesgo de impago de la renta. Esto, sumado al aumento en el tiempo promedio necesario para desalojar a los inquilinos que no pagan, genera preocupación adicional para los propietarios.
Aquí es donde entra en juego el seguro de impago de alquiler, el cual se presenta como una herramienta perfecta para eliminar los factores que generan mayor inquietud para los propietarios. Mediante el pago de una prima mensual que equivale aproximadamente a la mitad del valor del alquiler mensual, el seguro de impago elimina el riesgo de impago por parte del inquilino, los costes legales asociados a los procesos de desahucio y los posibles daños que el inquilino pueda ocasionar antes de abandonar la propiedad.
Al mitigar una de las principales fuentes de riesgo para los propietarios, el seguro permite que aumente la oferta de viviendas en alquiler, generando un equilibrio natural en los precios. Esto beneficia a los inquilinos al brindarles más oportunidades para encontrar una vivienda que se ajuste a sus necesidades y capacidad de pago, y también ayuda a contener los precios.
Además, el seguro de impago de alquiler evita que los propietarios tengan que solicitar garantías de pago adicionales a los inquilinos. Si la ley permite actualmente solicitar hasta dos meses de depósito o aval bancario, en las operaciones en las que los propietarios hayan adquirido el seguro, estas garantías no son necesarias. Esto facilita el acceso a la vivienda para las familias con menos recursos disponibles.
Teniendo en cuenta todas estas premisas, el seguro de impago de alquiler se presenta como una herramienta de gran utilidad para fomentar condiciones favorables en el mercado, donde propietarios e inquilinos puedan interactuar de manera natural. Su relevancia social, debido a su influencia en un pilar fundamental de la convivencia, como lo es la vivienda, es clara y su impacto potencial es significativo.
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